La mayoría de las leyes aprobadas por la UE se deciden en la sombra, sin la participación del Parlamento Europeo y sin que los 27 Estados miembros puedan evitar que la Comisión se posicione como el principal legislador de la UE, a pesar de no tener tal función y carecer de elección democrática.
La transparencia sobre los documentos debatidos y los procedimientos de toma de decisiones es prácticamente inexistente, y la democracia participativa a través de los grupos de presión es difícil, por no decir casi imposible.
La gran mayoría de las leyes aprobadas cada año en la UE son mal llamadas legislación secundaria, es decir, leyes de la Comisión (o leyes de comitología), no del Parlamento Europeo y el Consejo, los únicos colegisladores designados como tales por los Tratados. Cada año se adoptan en la UE unas 1.500 leyes en forma de actos de ejecución.
Bienvenidos a la comitología, ¡bienvenidos al «mundo c»!
Pero, ¿quién decide y cómo?
En el caso del glifosato, el herbicida más conocido en la UE, tan importante o más que determinar su seguridad (los agricultores la niegan mientras los ecologistas la afirman), es entender quién y cómo toma las decisiones sobre su autorización. Además de la autorización de productos químicos como el glifosato, hay cientos de otros casos en los ámbitos de la salud y el medio ambiente que afectan a miles de empresas y a la vida cotidiana de millones de personas. Por ejemplo, las decisiones sobre si la energía nuclear es una inversión sostenible, la regulación del hidrógeno, el ecodiseño de productos, la determinación de qué sustancias pueden entrar en contacto con el agua potable, el funcionamiento del sistema de comercio de emisiones de CO2 para industrias contaminantes o el nuevo mecanismo de ajuste fronterizo para evitar que las importaciones obtengan ventaja sobre la estricta legislación comunitaria de CO2 que deben cumplir las industrias europeas.
Por poner el ejemplo de una industria, ¡la Comisión Europea anunció recientemente, durante una cumbre del cemento, que hay 70 leyes de comitología pendientes que afectan a la descarbonización de esta industria!
La lista continúa y puede ampliarse al comercio internacional (condiciones sanitarias para la importación de alimentos), los servicios financieros y la inteligencia artificial, por nombrar sólo algunos.
Usemos el ejemplo del glifosato para entender quién toma estas decisiones y cómo se toman (en este caso, la autorización para su uso expira el 31 de diciembre de este año):
- Para renovar la autorización para su fabricación y uso hasta 2033, se requiere una mayoría cualificada (a favor o en contra) de Estados. Esto significa 15 Estados miembros que representen al menos el 65% de la población de la UE. Si no se consigue, la Comisión tiene potestad para aprobar la ley y aplicarla.
- El pasado mes de julio, la Comisión presentó su propuesta de renovación de la autorización al SCoPAFF (Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos). Hubo una gran confusión sobre el orden del día y se criticó que no hubiera suficiente información científica para decidir sobre la renovación de la autorización del glifosato.
- En la reunión del SCoPAFF del 13 de octubre no se alcanzó una mayoría cualificada a favor o en contra de la renovación del glifosato.
- El Comité de Revisión (compuesto por 27 representantes de los Estados miembros y que actúa como comité de «segunda instancia») se reunirá el 16 de noviembre.
- Si sigue sin haber mayoría, la Comisión tendrá autoridad para decidir mediante un acto legislativo con el mismo valor que un Reglamento o Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo.
Ante la incapacidad de los gobiernos para reunir una mayoría a favor o en contra, y con el Parlamento Europeo actuando como «convidado de piedra», ciudadanos y grupos de presión seguirán buscando información e intentando influir en vano mientras, una vez más, se promulga un nuevo acto que socava la democracia y la transparencia en la UE.
¿Es este el mejor clima de confianza para que los ciudadanos voten en las próximas elecciones de junio de 2024?